Imputan cargos a comandantes del ELN por secuestro de Salud Hernández
El Comando Central también deberá responder por el plagio de los periodistas Diego D'Pablos y Carlos Melo.
La Fiscalía General le imputó cargos a los jefes del Comando Central del ELN por el secuestro de los periodistas Salud Hernández, Diego D'Pablos y Carlos Melo en hechos registrados en mayo de 2016 mientras adelantaban un trabajo periodístico en la zona de El Catatumbo en el departamento de Norte de Santander.
El ente investigador advirtió que fue identificada la que sería una directriz del ELN relacionada con ejercer presión y coartar la función de informar de los periodistas que cuestionan y, en su concepto, lesionan los intereses de ese grupo guerrillero.
La Fiscalía le imputó los delitos de secuestro extorsivo y agravado, rebelión y hurto calificado y agravado los máximos jefes del ELN e integrantes del COCE: Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino'; Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias 'Antonio García'; Israel Ramírez Pineda, alias 'Pablo Beltrán'; Rafael Sierra Granados, alias 'Ramiro Vargas' y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía o Carlos Marin Guarín, alias 'Pablito'.
Igualmente se le formularon cargos y se expidio la respectva orden de captura contra José Leinner Franco Pérez, alias 'Barbas' o 'Marcos', jefe del frente Héctor del ELN, señalado de custodiar a los periodistas secuestrados.
Las pruebas en poder de los investigadores evidenciaron que desde los máximo jefes del ELN hasta los cabecillas regionales, se promovió una directriz ilegal consistente con el objetivo de que incidieran en los medios de comunicación locales para que emitieran información relacionada con actividades violentas, en medio de amenazas de retenciones de los periodistas o robo de los equipos de comunicación.
"La Fiscalía consideró que dicha instrucción habría quedado en evidencia en diferentes hechos registrados en la región del Catatumbo y que estarían asociados con el secuestro de Salud Hernández Mora, ocurrido el 21 de mayo de 2016, en El Tarra (Norte de Santander)", señalaron los investigadores.
Para la Fiscalía, el constreñimiento y la obstrucción al derecho de informar de los periodistas en la región del Catatumbo, reafirmarían la existencia de la directriz del ELN que sería de pleno conocimiento y consentimiento de los integrantes del Comando Central de esa organización.
Los secuestros de los periodistas
La Fiscalía estableció que la periodista española realizaba una investigación en la zona del Catatumbo sobre la erradicación de cultivos ilícitos, y habría sido engañada por dos presuntos integrantes del ELN, quienes se comprometieron con devolver el material que el día anterior, 20 de mayo de 2016, otro grupo de personas le quitó a la comunicadora;pero en realidad se la llevaron hacia la vereda Buenos Aires, donde permaneció secuestrada durante siete días.
El 23 de mayo de 2016, el periodista Diego Alonso D´ Pablos y su camarógrafo, CarlosAlberto Calderón, llegaron al Catatumbo para hacer la cobertura noticiosa sobre el secuestro de Salud Hernández Mora, sin embrago, igualmente fueron despojados de sus elementos de trabajo y fueron secuestrados por ELN durante cuatro días.
Situación similar enfrentó el reportero Diego Fernando Veloza Duque, quien era acompañado por dos locutores locales, William del Carmen Mora Trujillo y Zulay Ropero los cuales fueron retenidos durante varias horas por integrantes del ELN, que les impidieron continuar con el cubrimiento informativo del secuestro de la periodista española.
Un año después, el 21 de mayo de 2017, los periodistas holandeses Derk Johannnes Bolty Eugenio Ernest Marie Follender, también fueron secuestrados en zona rural de El Tarra (Norte de Santander).
"Estos reporteros realizaban un documental y buscaban a los padres biológicos de niños adoptados por parejas holandesas y, en el ejercicio de las labores de reportería, guerrilleros del frente Héctor del ELN los interceptaron, les quitaron el materialde sus entrevistas y los trasladaron en medio de amenazas a la vereda Filo Gringo, donde permanecieron en contra de su voluntad durante ocho días", añadió la Fiscalía.
