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Medicamentos incautados
Droga farmacéutica.
Foto: @FiscaliaCol

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca lanzó una alerta por la comercialización de medicamentos fraudulentos en el mercado ilegal del departamento, tras reportar que de las más de 3.000 unidades de medicamentos decomisadas en lo que va corrido de este año, el 70% son de uso institucional.

Esta entidad señaló que esta problemática se evidenció luego de varios operativos realizados por la Policía Fiscal y Aduanera contra las redes de compra y venta de medicamentos fraudulentos.

Jhon Jairo Zapata, subdirector de la UES Valle, aseguró que el otro 30% de los medicamentos que han sido decomisados, son por falta de registro sanitario o son importados ilegalmente, mientras que en algunos casos presentan fecha de vencimiento expirada.

"Llevamos un total de 3.326 unidades decomisadas y las otras entidades que nos acompañan en los operativos llevan un número mayor, que pasa de las 50 mil unidades de medicamentos, de las cuales más o menos un 70% son medicamentos de uso institucional, esto que quiere decir, que son de un canal diferente de comercialización, aquellos que envían las EPS para que sean dispensados a sus pacientes”, explicó el funcionario.

Según la entidad, esta práctica está prohibida por lo que la medicina debe ser recogida, ya que no hay forma de determinar si estos medicamentos cumplen con las condiciones de almacenamiento y fabricación o han sido alterados o adulterados.

El funcionario agregó que Cali es el mayor mercado de este negocio de medicamentos ilícitos institucionales, seguido de los municipios de Palmira y Candelaria.

“Principalmente en Cali es donde vemos el mayor comercio de medicamentos de uso institucional, esto está siendo recogido por la Unidad Ejecutora de Saneamiento y también por la Policía Fiscal y Aduanera, dado también que es un delito contra el fisco nacional”, dijo el directivo de la UES Valle.

Estos medicamentos realizan un proceso que termina en los servicios de residuos sólidos especiales, mientras se inician las verificaciones jurídicas y administrativas contra los establecimientos que los comercializan.
 

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